Mazón exige un bono-luz de 100 millones para micro pymes y autónomos frente a los impuestos Puig

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha reclamado hoy al máximo dirigente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig la puesta en marcha de un bono-luz por valor 100 millones de euros para que micro pymes y autónomos puedan hacer frente al incremento de los costes energéticos, el aumento de la inflación y la política impositiva del Gobierno valenciano, que según los presupuestos del próximo año se incrementará en 2023 en un 15%. La medida incluye también una central de compras de electricidad unificada para los ayuntamientos, que también redunde en una reducción del precio del energía.

Mazón, además, ha adelantado hoy, también, que el PP valenciano no se va a sumar a la denominada alianza contra la inflación, que promueve la Generalitat Valenciana porque es «una puesta en escena que no va a beneficiar a quién más lo necesita».

Considera el documento insuficiente, poco ambicioso y concretado sólo en ayuntamientos y que muestra la paradoja de que, mientras reclama que los municipios bajen tasas el Gobierno de Puig las incrementa en un 10% para el próximo año y no plantea exigencias a la Generalitat ni al Gobierno de España, que preside el también socialista Pedro Sánchez, cuando son las 2 administraciones que más van a ingresar por la subida de los carburantes. Una cantidad que Mazón estima, en el caso de la Generalitat, en más de 1.000 millones de euros.

Las medidas

Mazón ha recordado que la Diputación de Alicante, que él también preside ya ha puesto en marcha un fondo de 9 millones de euros, que el próximo año elevará hasta los 15 millones y que podría sumarse a ese bono-luz. Su propuesta sostiene que las ayudas de la Generalitat serían de hasta 4.000 euros y cubrirían el sobre coste de luz y carburante en el primer semestre de 2023.

Además, plantea una central de compras de luz de la Generalitat que dé servicio a los 542 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y que siga el modelo de la que la Diputación de Alicante puso en marcha hace ya 3 años, porque «la compra de luz sería más barata», en torno a un 50%» ya que supone un ahorro «de cerca del 20% de la factura de la luz de los ayuntamientos».

También, reclama a la Generalitat Valenciana que suprima el incremento del 10% en 4.500 tasas para 2023, porque además gravará a los particulares. Y, finalmente, que exija al Gobierno de Sánchez que, con cargo a los 30.000 millones de euros de más que va a ingresar, ponga en marcha un fondo municipal y ciudadano que compense el incremento del precio de la luz.